Límites a la publicidad institucional

Uno de los aspectos más controvertidos de la comunicación en democracia es el de la publicidad institucional. Las normas, los éxitos y los fracasos de la administración deben ser publicitados para que los ciudadanos puedan votar con conocimiento de causa. Sin embargo lo habitual es que la publicidad institucional, pagada por todos, se utilice como un arma electoral más, magnificando los logros y en ocasiones incluso adelantando lo que aún no se ha hecho. Evidentemente, estas prácticas, que en mayor o menor medida utilizan todas las administraciones, son una forma de juego sucio ya que se utilizan recursos públicos con fines partidistas. Sin embargo, dado que la publicidad institucional es necesaria, es difícil demostrar un uso delictivo de estos fondos al no haber una legislación clara al respecto.

Parece que por fin va a hacerse algo a este respecto tras la aprobación ayer de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional que prohibirá a las distintas administraciones hacer campañas de autopromoción con fines electoralistas. Como siempre, habrá que ver cómo se interpreta la ley y si se centra sólo en las habituales campañas en prensa y televisión los años electorales o entra también en otros aspectos más controvertidos como la edición de determinadas guias de información institucional exclusivamente en año electoral, o las obras cuya inauguración o clausura se adapta a los meses anteriores a las elecciones, independientemente del estado de las mismas.

El Congreso aprueba la ley que prohíbe el autobombo del Estado y las Autonomías | elmundo.es