Digitalizar las administraciones públicas (la e-administración o e-government) se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de la mayoría de gobiernos y en un sueño para los ciudadanos. La promesa de la e-administración es clara: acabar de una vez por todas con el "vuelva usted mañana" que sigue pesando como una losa sobre la función pública desde antes de Larra. Si para algunas gestiones un ciudadano puede perder varias mañanas yendo de una punta a otra de la ciudad, de una ventanilla a otra, portando impresos y rellenando formularios, la e-administración ofrece la posibilidad de realizar buena parte de estas gestiones cómodamente desde casa usando el ordenador. Así, cada gobierno está digitalizando paulatinamente sus servicios más habituales para facilitar las gestiones al usuario. Las dificultades, sin embargo, son enormes.
Para empezar, nos encontramos con el problema de la autentificación de documentos y personas. Para ello se están emitiendo certificados o firmas digitales, que permiten comprobar que quien hace la gestión es auténticamente quien dice ser. Cualquier ciudadano puede hacerse con una firma digital gratuita expedida por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que sirve, por ejemplo, para entregar telemáticamente la declaración de la renta. El problema radica en que la mayoría de usuarios desconocen la existencia y utilidad de dichas firmas, y los que se aventuran a pedirlas se ven muchas veces abrumados por la aparente complicación del proceso de solicitud (las instrucciones en la web de la FNMT son bastante concisas, pero el número de pasos y gestiones a realizar, así como algún que otro tecnicismo incomprensible para el común de los mortales, pueden poner los pelos de punta a un nutrido grupo de usuarios). Además, aún juega un papel protagonista el pertinaz miedo que genera la tecnología y muchos no se fían de un programita que, una vez instalado, sirve para firmar documentos oficiales con el mismo valor y responsabilidad que una firma a mano.
Otro problema, este de solución más compleja, es el de la ventanilla única digital. Si en el mundo físico tenemos que ir de una punta a otra de la ciudad, cuando no de una ciudad a otra, para ir resolviendo en cada administración, dirección y departamento las distintas gestiones, en Internet la cosa no cambia. No tendremos que desplazarnos físicamente pero sí habrá que pasar de una web a otra. La cosa se complica cuando una gestión en la administración A (digamos autonómica) requiere de un documento o dato que obra en posesión de una adminstración B (digamos local). En el mundo físico iríamos al ayuntamiento a pedir el documento y luego lo llevaríamos al departamento del gobierno autonómico. Pero en el mundo digital la cosa puede ser mucho más fácil, o mucho más complicada. Lo fácil sería que desde la web en la que queremos hacer nuestra gestión se solicitara un permiso (firmado digitalmente) para acceder directamente a los datos de la otra administración. Lo difícil es que estas administraciones se pongan de acuerdo y sorteen el sinfín de incógnitas legales que existen alrededor de los documentos digitales con información privada y su acceso telemático por parte de cualquier organismo que no sea el propio afectado. Las administraciones trabajan en ello y en muchos casos, hayan resuelto o no los problemas legales, la cosa funciona.
Finalmente tenemos el problema más complicado de solucionar. El de las reticencias de muchos ciudadanos. Reticencias, de entrada, a que sus datos estén digitalizados y accesibles a través de la red, oor muchas firmas digitales y sistemas de seguridad que haya. Internet, a veces no sin razón, se ha ganado el sambenito de paraíso de piratas y malandrines. El sistema 100% seguro no existe (ni en el mundo digital ni en el físico) y es tal el bombardeo de mensajes negativos que se relacionan con las nuevas tecnologías (repito, a veces con toda la razón) que todo el mundo ve posible que un hacker de catorce años dedique un montón de horas a traspasar un sistema de seguridad de millones de euros para ver si tenemos el colesterol alto, pero a nadie se le ocurre pensar que esa misma información pueda sustraerse de la carpeta de cartulina que alguien ha dejado un momento sobre el mostrador de recepción de una consulta. En fin. Que todos nos quejamos de tener que hacer colas en la seguridad social pero la posibilidad de que nuestra vida laboral esté almacenada entre los bits de un ordenador al que conectan cada día miles de personas, no nos hace gracia. Si además tenemos en cuenta que la penetración de Internet en España no es aún la que hay en otros países (¿eran 23 años los que llevábamos de retraso o ya serán más?) la cosa se va poniendo más complicada.
En cualquier caso, bienvenida sea cualquier iniciativa de las administraciones públicas que nos permita agilizar los trámites y dedicar nuestro tiempo a cosas más interesantes que las colas. Y la factura, no se preocupen que ya nos la pasarán. Pero al menos podremos pagarla online.
El 80% de los trámites municipales se podrán hacer por Internet en 2007 en Barcelona - ELPAIS.es
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